Con el objetivo de garantizar transparencia e integralidad a las acciones relacionadas con el patrimonio de los entes públicos, la diputada Rocío González presentó ante el pleno del Congreso de Chihuahua, una iniciativa de decreto para dar vida a la Ley de Bienes para el Estado de Chihuahua, norma que regirá en Chihuahua apegada a la legislación federal.
Después de múltiples reuniones de trabajo con diferentes fuerzas políticas, la legisladora panista redactó la nueva norma mediante la cual se establecerán mecanismos y procedimientos administrativos sencillos y eficientes para evitar la subutilización de los bienes y dar orden a las acciones de enajenación, uso y aprovechamiento de bienes.
La diputada Rocío González Alonso explicó que este trabajo es resultado del esfuerzo conjunto de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano, así como una mesa de trabajo conformada por representantes del poder ejecutivo estatal y del municipio de Chihuahua.
La dinámica de esta mesa se concentró en realizar una revisión exhaustiva y minuciosa de las legislaciones vigentes, tanto federal como estatal, así como del articulado de la nueva Ley propuesta y sus modificaciones, pues el objetivo fue conformar un nuevo ordenamiento firme, transparente e integral sobre las acciones relacionadas con el patrimonio de los entes públicos.
González Alonso detalló que esta nueva ley permitirá contar en Chihuahua con un ordenamiento legal único, que agrupará y brindará mayor claridad en sus conceptos, mediante la adopción de criterios uniformes. “Además, permitirá descentralizar funciones y precisar las facultades de los órganos que intervienen en la administración de bienes estatales y municipales”, dijo.
Agregó que otro beneficio que ofrece es que permitirá regular nuevos procedimientos administrativos y fortalecer los existentes, esto para permitir al gobierno que proteja y preserve su patrimonio. “Se podrán simplificar los trámites tanto para la administración de los bienes, así como para su desincorporación del régimen de dominio público y su enajenación”.
Para finalizar, precisó que la norma detalla las sanciones a las que serán acreedores quienes incumplan con las disposiciones de la Ley y los medios de defensa que cuentan los particulares contra los actos o resoluciones administrativas que se dicten.
Por: Manuel Chaquiroff.
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