Noticias de Chihuahua.- Ante el incumplimiento de autoridades estatales y municipales para otorgar diversos apoyos a las familias que habitan la colonia Rinconada Los Nogales, en la ciudad de Chihuahua, debido a los riesgos a la salud por contaminación de residuos minerales, el diputado Omar Bazán pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicite al Senado de la República la comparecencia de los servidores públicos omisos a la recomendación emitida por la propia CNDH el año pasado.
La recomendación bajo el número 91-2019, fue aceptada por la administración de Javier Corral pero no ha sido cumplida, expuso el diputado Omar Bazán en un escrito a la Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
María del Rosario Piedra Ibarra.
Las autoridades estatales y municipales deben justificar ante la CNDH el estado de incumplimiento y, en su caso, ejerza también las acciones penales respectivas de resultar necesario, indicó el legislador priista.
Después de muchos intentos, agregó, la recomendación fue aceptada por el Gobernador del Estado Javier Corral Jurado, pero no se ha efectuado acción alguna, dejando a los afectados del Fraccionamiento Rinconada Los Nogales en estado de indefensión ante las acciones y omisiones de las autoridades responsables.
La recomendación tiene el carácter de pública y se emitió con el propósito fundamental tanto de formular una declaración respecto de una conducta irregular cometida por personas servidoras públicas como para aplicar las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad.
En marzo de 2004, el Instituto de la Vivienda del Estado de Chihuahua (IVI) ahora llamado Comisión Estatal de la Vivienda del Estado de Chihuahua (COESVI), adquirió varias hectáreas donde se llevó a cabo la construcción del Fraccionamiento “Rinconada Los Nogales” en terrenos contiguos de la antigua Fundidora Avalos, donde aún se localizan depósitos de escorias, residuos minero- metalúrgicos y jales generados durante su operación.
Los vecinos del fraccionamiento mencionan que al momento de su construcción y planificación, las autoridades tanto estatales como municipales incurrieron en diversas irregularidades en licencias, uso de suelo y demás documentos relacionados a la construcción, ya que los terrenos aledaños tanto del fraccionamiento como de la Fundidora Avalos se encuentran contaminados por varios metales pesados tales como: Plomo, Arsénico, Cadmio, Zinc, Cobalto40, Mercurio, entre otros.
Este fraccionamiento cuenta con un total de 1,025 viviendas: en la Etapa I, en el año 2004, se construyeron 100; en la etapa 2, edificada en el 2005, se levantaron 570, y en la etapa 3, terminada en el 2006, 355 viviendas, donde habitan niños, mujeres, hombres y adultos mayores, así como también cuenta con áreas verdes, planteles educativos, centros de salud y plazas comerciales, que están a escasos 50 metros del perímetro donde se sitúan los residuos de la planta.
En el 2006 se llevó a cabo un estudio sobre el impacto ambiental realizado por el laboratorio Earth Tech México.
La Coespris notificó al Secretario de Fomento Social, que en el suelo de la zona existía una concentración de 511 microgramos de plomo, cuando la Norma Oficial Mexicana NOM-147-Semarnat/SSA1-2004 establece como límite concentraciones máximas de 400 microgramos.
De acuerdo con los resultados de otro estudio realizado por la Coespris en 2012 que se llamó “Exposición humana al plomo”, se realizó un examen a 119 menores en edades de 4 a 15 años, que radican en la zona de Ávalos, donde se les encontró que la mayoría presentaban niveles que rondan desde los 17.51 microgramos de plomo por decilitro de sangre, hasta casos donde se encontró grandes niveles de plomo en la sangre algunos llegando a tener niveles de 48.8 o más, cuando la Norma Oficial Mexicana NOM-199-SSA1-2000 establece un máximo de plomo permisible en la sangre es de 10 microgramos por decilitro en los niños.
En noviembre del 2014, la Coespris realizó un estudio de impacto ambiental para analizar el agua de los tinacos y reveló que contenía plomo, arsénico, cadmio, níquel, cobre y cobalto 40 muy por encima de lo permitido.
Las familias afectadas se vieron en la necesidad de crear una organización llamada “Familias Unidas por la Salud de los Niños” por sus siglas “FAMUNISA”, por medio de la cual solicitaron la intervención y apoyo del Gobierno del Estado, del Congreso del Estado, del Municipio de Chihuahua y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
En noviembre del 2015 el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaria General de Gobierno y las Asociaciones Civiles que representan a los vecinos del Fraccionamiento, firmaron un convenio para prevenir y garantizar la salud integral de los miembros de las familias afectadas, así como proveer el pago de 41 viviendas; brindar atención en materia de salud, indemnizaciones por secuelas de la contaminación, entregar viviendas en comodato, entre otras.
Por su parte, Javier Corral Jurado, en aquel entonces Senador de la República, declaró llevaría este caso a las últimas instancias, exhortando a todos los poderes correspondientes para que se atendiera con urgencia.
Sin embargo, ya como gobernador, se ha negado a recibir a las familias que le han solicitado audiencia, señaló Bazán Flores.
FAMUNISA informó que el convenio no se ha cumplido en su totalidad ya que solo unas familias fueron reubicadas bajo la figura de comodato en casas muy pequeñas.
Lanoticiadigital.com.mx
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